Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, decretó la suspensión del proceso penal contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados.
Asimismo, el juez dio a conocer que ya está en marcha una reparación del daño que está pagando el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por 216 millones de dólares.
En julio pasado, el juzgador determinó no realizar la audiencia porque la FGR no participó en las negociaciones donde el exfuncionario trató de lograr un acuerdo reparatorio para suspender las causas penales que enfrenta.
Sin embargo, Emilio Lozoya pidió al juez continuar con la diligencia porque el gobierno federal exigió 30 millones de dólares como reparación del daño por ambos casos; lo anterior, provocó que el ex director de Pemex denunciara que se trata de una “extorsión”.
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En la audiencia de este jueves 31 de agosto, se definiría si el exfuncionario público está dispuesto a llegar a un acuerdo reparatorio y pagar los 30 millones de dólares que le solicita Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cambio de obtener su libertad.
Es de recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)y Pemex, desde enero de 2022 pidieron por escrito 3.4 millones de dólares por Agronitrogenados y 7 millones de dólares por Odebrecht; sin embargo, Emilio Lozoya pidió al juez continuar con la diligencia porque el gobierno federal exigió 30 millones de dólares como reparación del daño por ambos casos; lo anterior, provocó que el ex director de Pemex denunciara que se trata de una “extorsión”.
“Acepté pagar el cien por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión?” Pregunto y agregó que la petición “me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en extorsión”.
Ante la falta de explicación de las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex por incrementar en 200 por ciento la reparación del daño, Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, en el reclusorio Norte, decidió no llevar a cabo la audiencia y subrayó que la autoridad “tiene que sustentar dicha cantidad».
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A su vez, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, ha reiterado que su cliente está dispuesto a pagar los 10.7 millones de dólares que se fijaron como monto original, pero no pagaría los 30 millones que le solicitó Pemex y la UIF durante el pasado mes de julio.
En caso de que el exfuncionario se niegue a pagar el acuerdo reparatorio, se iniciará un juicio oral contra por el caso Agronitrogenados y Odebrech.
En aquella ocasión, Gerardo García Morales, un representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, notificó al impartidor de justicia que la orden de incrementar la suma fue dada por el titular de la dependencia, Pablo Gómez, luego de que él recibió una instrucción por parte del Gobierno Federal.
Al final, la defensa presentó dos incidencias con la intención de que declarara la prescripción del presunto delito y para que no se reconociera como víctimas a la UIF y a Pemex, pero su petición no prosperó.
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