Con un llamado al Gobierno Federal para que se difunda información clasificada sobre los hechos ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se despide del caso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).
Denunció que, a lo largo de su estancia en el país, la investigación estuvo sujeta a presiones externas que provocaron un “traumatismo” dentro de la propia unidad.
El GIEI, representado por Ángela Buitrago y Carlos Beristain, menciona colaboración y apertura del Presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso, sin embargo, señala que autoridades de seguridad como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina han entregado información incompleta a la investigación.
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“La documentación entregada, hoy en día, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes”, explica el GIEI.
Además de la falta de acceso a la información, el GIEI señaló que durante los siete años de investigación los investigadores así como miembros del Poder Judicial fueron víctimas de presiones para interferir en el proceso.
Añade que, a pesar de las presiones, el trabajo del GIEI sirvió para llegar hasta la detención del exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam; así como de dos generales y 20 elementos de la Sedena, más de 100 miembros del crimen organizado detenidos, al igual que funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Los especialistas señalan que este caso todavía no está resuelto, pues en el caso específico del proceso contra Murillo Karam, éste debe “llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y búsqueda”.
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