Luego de pasar 12 años encerrados en prisión, Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez fueron liberados del penal estatal varonil de San Francisco Tanivet en Oaxaca, específicamente del municipio Tlacolula de Matamoros tras no comprobarse su responsabilidad en los delitos que les fueron imputados.
La coordinadora general del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código-DH) dio a conocer que a los dos afroamericanos los detuvieron en el mes de diciembre del año 2011 y los acusaron un mes más tarde por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Los delitos que les fueron imputados fueron el de homicidio calificado con premeditación y ventaja junto con robo calificado con violencia física contra Jesús Israel Moreno Pérez, alumno de la UNAM quien desapareció en julio del 2011.
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Liberan a dos presos que fueron torturados
Los dos presos fueron torturados y sometidos a tratos malos y coacción ejecutada por agentes ministeriales lo que viola su derecho al debido proceso y a una investigación apegada al derecho.
Dio a conocer igual que la PGJE ejercitó la acción penal por el delito de homicidio calificado a Corcuera Noyola y González Domínguez sin que estuviera el cuerpo de la víctima porque se encuentra desaparecida.
Cinco años más tarde en el año 2016, la actual Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tomó de nuevo la investigación por los señalamientos que se hicieron acerca de tortura que la defensa de los detenidos presentó.
También hizo énfasis en que el Ministerio Público tomó en cuenta las evaluacione de personas expertas que se basa en el Protocolo de Estambul para identificar las causas y consecuencias de la tortura.
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Finalmente, tras 12 años de estar encerrados en el penal central, el Juzgado Segundo Mixto de Puerto Escondido liberó a Corcuera y González por el sobreseimiento del proceso penal 01/2012 puesto que no comprobaron su responsabilidad en los delitos que les imputaron.
Ante esto, la defensora reconoció a la Fiscalía y al Juez por su apertura al usar los mecanismos que se prevé en la legislación penal ante la evidencia de la existencia de irregularidades en el proceso.