El 27 de marzo de 2021, Victoria Salazar, mujer salvadoreña migrante y reconocida como refugiada en México desde 2018, fue asesinada por cuatro policías de Tulum, en Quintana Roo. Tras dos años de su muerte, la víctima y su familia siguen sin acceso a la justicia por su feminicidio.
El caso de Victoria se hizo viral a través de un video publicado en redes sociales. Incluso, los gobiernos de México y El Salvador dieron a conocer públicamente su solidaridad con la familia de la víctima y anunciaron acciones para que el caso no quedara impune. A la fecha las promesas no se han cumplido.
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Por el feminicidio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 34/2021, el 24 de agosto de 2021, en la que llama al Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, entonces presidido por Víctor Mas Tah y a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, ante el uso excesivo de la fuerza por parte de sus elementos; así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la entidad, a que brinden a las víctimas indirectas del caso la reparación integral por los daños causados.
Sin embargo, la coordinadora jurídica del IMUMI explica que hay por lo menos tres procesos activos; el primero con la recomendación de la CNDH; otro sobre la reparación integral del daño de la CEAV; y uno más que es el propio proceso penal.
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“En ningún proceso hay avance sustancial”, cuestiona.
Frente al nulo avance en la resolución del caso, la representación jurídica del IMUMI, en coordinación con otros organismos, sigue ejerciendo presión al gobierno, al Poder Judicial y al Ejecutivo para que continúe el proceso. Asimismo, insta a los gobiernos de México y El Salvador a poner énfasis en este asunto para que se pueda avanzar; “que cumplan sus promesas”, destaca Lorena Cano.
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